Rechazamos la intención de Alejandro Giammattei y empresarios de saquear los fondos del IGSS para luego concesionarlo o privatizarlo.

LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL SEGURO SOCIAL ES UN DERECHO HUMANO ESENCIAL PARA LAS PERSONAS EN TODA SOCIEDAD Y UNA OBLIGACION DE LOS GOBIERNOS GARANTIZARLA; POR LO QUE,

RECHAZAMOS LA INTENCIÓN DE ALEJANDRO GIAMMATTEI Y EMPRESARIOS DE SAQUEAR LOS FONDOS DEL IGSS, PARA LUEGO CONCESIONARLO O PRIVATIZARLO.

HACEMOS SABER:

Que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, es uno de los pocos beneficios para los trabajadores, heredados de las grandes políticas sociales de los gobiernos de la Revolución de 1944. Fue durante estos 10 años de primavera, en donde el objetivo de construir un país independiente, una sociedad justa y un pueblo libre paso por cambiar las relaciones de trabajo, abolir el trabajo forzado e incrementar el salario mínimo. El liderazgo revolucionario tuvo claro que, al lograr el desarrollo integral de la clase trabajadora y pueblos originarios, también lograban construir el desarrollo económico del país.

El IGSS fue creado como una institución gubernamental, con plena autonomía, cuyo propósito fue brindar servicios de salud y seguridad social a la población afiliada. Esta institución fue constituida con el Decreto No. 295-1946 del Congreso de la República de Guatemala y refrendado por el excelentísimo y revolucionario Presidente de la República de Guatemala el Doctor Juan José Arévalo Bermejo. Aunque el IGSS se encuentre anexado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social (otra institución heredada de la Revolución de 1944 y también ha sido debilitada), esta situación no debe ser motivo para violentar su autonomía.

Debemos de saber que la Misión del IGSS es: Proteger a toda la población asegurada contra la pérdida o deterioro de la salud y del sustento económico. En su Visión se pretende: Ser la institución de seguro social caracterizado por cubrir a la población por mandato legal y le corresponde tener solidez financiera para poder dar una excelente calidad de sus prestaciones con eficiencia y transparencia de su gestión.

Además, a la clase trabajadora y población en general debe interesarle saber y entender que la SEGURIDAD SOCIAL es un derecho humano. El Estado debe proveer a los individuos y sus familias el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia, esto le corresponde al IGSS.

El SEGURO SOCIAL es una política y programa que financia o administra el gobierno central para satisfacer las necesidades básicas de las personas sin recursos. Por lo general deben estar destinados para las personas y familias quienes viven en situaciones de pobreza, desempleadas, a los discapacitados, a las familias numerosas y a los ancianos, que no gozan o no tiene cobertura de Seguridad Social.

En la Declaración Universal de Derechos Humanos (establecida el 10 diciembre de 1948) Artículo 25 se establece que: Todos los estados están obligados y comprometidos a otorgarle a sus habitantes lo esencial y básico para que puedan vivir digna y humanamente. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. En estos tiempos de la pandemia del COVID-19 esta obligación del Estado es más apremiante que nunca antes.

Para la OIT la Seguridad Social es un derecho humano básico. La seguridad social como: el conjunto de instituciones, medidas, derechos y obligaciones cuya meta primordial es otorgar seguridad del ingreso y

asistencia médica a los individuos que integran la sociedad. EL Estado de Guatemala ha suscrito todos los convenios de OIT que conforman la Seguridad Social como derecho humano, además se ha adherido a muchos convenios internacionales sobre el respeto a este derecho humano fundamental.

La cobertura debería ser universal y las prestaciones adecuadas. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar un marco de buena gobernanza y la seguridad de que se pagarán las prestaciones de la manera que corresponda y a tiempo. La Seguridad Social debería organizarse en base a la solidaridad social y debe ser sostenible. El imperio de la ley debe prevalecer en consecuencia a estos principios específicos, consagrados en los instrumentos legales de la OIT y otros; sobre todo los otros principios consagrados en el concepto del Trabajo Decente.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, es el segundo gran prestador de servicios de salud del sector público en Guatemala, tanto por el nivel de cobertura, así como por el número de personal que trabaja en la prestación de los servicios de salud. Aun así, su cobertura en Guatemala sólo alcanza el 17% de la Población Económicamente Activa (PEA). Y la deuda pública al IGSS asciende a 52 mil millones de quetzales y la deuda privada alcanza unos 2 mil millones de quetzales, alrededor de 17,000 empresas privadas no le han trasladado al IGSS la contribución que le corresponde debido a que le ha sido descontado del salario a los trabajadores, cayendo en un delito al retener ilegalmente ese dinero.

Guatemala debiera procurar la implementación de un régimen de “Seguridad Social” que dignifique a la persona, principalmente en su vejez y además que incluya la situación de los trabajadores en la economía informal. La contribución del trabajador independiente al Seguro Social debe implementarse urgentemente.

El servicio actual que el IGSS presta es deficiente, pero ha sido el resultado de las líneas definidas por los empresarios y gobiernos que aplican políticas neoliberales (para hacer mas rico al rico y, más pobre al pobre), que con la intención de privatizar la salud han debilitado sistemáticamente al IGSS, haciendo que la clase trabajadora, no lo valore ni vea el IGSS como una institución muy valiosa y necesaria. Los fondos millonarios del IGSS siempre han sido apetecibles y de ahí los condenables actos de corrupción. Y solo por citar algunos casos tenemos el del expresidente del IGSS, Jorge Mario Nufio, por apropiación ilícita de trescientos cincuenta millones de quetzales en 2005. Otro caso fue el del presidente de la Junta Directiva Carlos Wohlers, quien fue enviado a prisión en 2006 por falsificaciones que hiciera en la transferencia de fondos del instituto. Otro mas fue con el expresidente del IGSS representante de la Cámara del Agro de Guatemala, Luis Reyes Mayen y, como no recordar la corrupción señalada bajo la administración de expresidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez y demás Junta Directiva, todas esas administraciones han contribuido con las políticas que llevan la intención y justificación malévola para su privatización, aun en esas condiciones es muy servicial y útil para los afiliados y sus familias, por ello debemos defenderlo.

En la actualidad hay una clara tendencia, sustentada en la ambición, voracidad empresarial y estructuras gubernamentales corruptas, de pretender concesionar o privatizar esa institución extraordinaria conocido como es el IGSS. Hoy con el argumento y queriéndose aprovechar de la crisis sanitaria del COVID 19, el señor ALEJANDRO GIAMMATTEI pretende desquebrajar y asesinar este legado de seguridad social tan esencial, con un espíritu de solidaridad social otorgada a la clase trabajadora desde la Revolución de 1944. Ante lo cual todos y todas las trabajadoras debemos rechazar y condenar esa irresponsable y oportunista acción presidencial. Está demostrado en muchos países que la privatización o concesión del seguro social ha sido un total fracaso. La alianza privado-pública solo beneficia al gran capital y sus empresas, niega el bien común. Un derecho fundamental no puede ni debe ser privatizado. Hoy y en el futuro, un sistema sanitario fortalecido es imperativo. Hay otras instituciones obsoletas e inmisarias que podría reducirse para poder refinanciar el sistema de salud y seguridad social del país.

“NO AL ROBO DE LOS FONDOS DEL IGSS,
NO A LA CONCESION NI PRIVATIZACION DEL IGSS”