Pronunciamiento del movimiento sindical ante la aprobación del decreto 04-2020 que reformas la ley de organizaciones no gubernamentales

El pasado 11 de febrero, el Congreso de Guatemala aprobó el decreto 4-2020 que introduce reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo, decreto número 2-2003 del Congreso de la República y al Código Civil decreto Ley 106, a iniciativa de los diputados Jorge García Silva del Partido Prosperidad Ciudadana, Mynor Mejía del partido oficialista VAMOS y Manuel Conde Orellana de Partido de Avanzada Nacional –PAN.

Nosotros como parte del movimiento sindical guatemalteco nos unimos a la serie de protestas en relación a estas reformas, pues consideramos que carecen de legitimidad y violan seriamente los derechos de asociación, organización, expresión, libertad de acción y, además, criminalizan el accionar de muchas ONGs. Las reformas a la Ley de ONGs son inconstitucionales y van en detrimento de todos los convenios internacionales de los cuales Guatemala forma parte. Muchas ONGs están supliendo en muchos casos con sus actividades, el quehacer de un Estado ausente, que no tiene voluntad política para impulsar políticas para el bien común y que poco hace por defender los derechos humanos de sus ciudadanos. Muchas ONGs que defienden los derechos humanos y el desarrollo en Guatemala reciben acompañamiento y apoyo de instituciones amigas internacionales, lo que les ha permitido lograr mejoras en la calidad de vida de miles de guatemaltecos.

Los cambios introducidos también ponen en entredicho la efectividad de la Ley, manifiestan grandes contradicciones y desprestigian aún más las leyes del país. Para nadie es un secreto que el entramado jurídico guatemalteco es tan complejo e inoperante que, con estas reformas, se abre una puerta para la persecución y denuncia arbitraria de ONGs críticas al accionar gubernamental. Estas reformas en la Ley ponen igualmente en evidencia el autoritarismo de los “representantes del pueblo” que las apoyaron. Se vislumbra una ley represiva, defensiva, restrictiva, con el afán de aislar aún más a la sociedad civil del concierto de derechos humanos protegidos internacionalmente.

Nosotros como defensores de estos derechos DEMANDAMOS al presidente Alejandro Giammattei, que vete esta ley que no cumple con los requisitos de representatividad y legitimidad y que va en contra de nuestros derechos constitucionales y no resuelve la problemática existente.  El descontento social que esta iniciativa ha generado es reflejo de su improcedencia.

¡¡No al Decreto No 2-2020 por ser antidemocrático, inconstitucional y en contra de los defensores de los derechos humanos y sindicales!!